El 25 de septiembre de 2022 Liliana Ocampo fue secuestrada en el negocio familiar en Texcoco, Estado de México. Un millón de pesos pidieron los secuestradores para entregarla sana y salva a sus seres queridos, promesa que no cumplieron: Los restos óseos de Liliana, una mujer de 43 años y madre de dos niños menores, se encontró casi dos meses después, en la carretera federal México-Puebla. 

En un trabajo especial del periodista Nacho Lozano, el hermano de Liliana, Israel, relata que los criminales le permitieron hablar con la mujer: ella le pidió que pagara lo que exigían, porque de lo contrario, la matarían. La familia reunió el dinero y, con apoyo de la Fiscalía del Estado, lo dejó debajo de un puente en un procedimiento de pago controlado. 

Cuatro de los implicados fueron detenidos en el acto: Mayra Gutiérrez, Juan Castillo; Christian Pérez, policía activo al momento; y Julio César Zárate, amigo de la familia Ocampo. Posteriormente aprehendieron a Josué N, director del C4; y a Fabiola Yuritzi Hernández de la Rosa, directora de la célula de búsqueda de personas desaparecidas de Nezahualcóyotl, a quien reconocen como la conductora del vehículo en el que se perpetró el secuestro. 

Condenada a 95 años

Fabiola Yuritzi fue ingresada al penal en noviembre de 2022, pero en febrero de 2023 la fiscalía general la cambió de prisión preventiva a brazalete electrónico: Libertad Condicionada al Sistema de Localización y Rastreo para el Estado de México.

El argumento era que debía cuidar a su madre, aquejada con enfermedad terminal (cáncer), y a una hija menor de edad que presentaba un cuadro de depresión. Hace un mes fue sentenciada a 95 años de prisión por el juez Gildardo Fernández y le impuso una multa de 1,4 millones de pesos, pero sigue con brazalete electrónico. 

Esta decisión ha sido rechazada por la familia de Liliana. Como lo recogió Diario Basta, familiares y amigos protestaron en la calle el pasado martes 26 de noviembre para rechazar el dictamen del juez, por considerar que es contrario a la ley; alegan que los sentenciados por secuestro y homicidio no pueden gozar de ese beneficio. 

«¿Dónde está la justicia, para qué nos sirve una sentencia de 95 años si esta libre la victimaria y mi víctima dejó a una niña de tres años y a otra de 13 años en la orfandad y eso no le importó a la Fiscalía», criticó Patricia Schiaffino, asesora legal de la familia, en un declaración reseñada por La Jornada.

Quinto Poder